DECLARACIÓN DE INTERES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

 

DECLARACIÓN: 

 

VISTO :  

 

La problemática correspondiente a la atención general  de personas Discapacitadas, y 

 

CONSIDERANDO:

 

Que representantes de entidades que atienden a personas con discapacidad en la región manifestaron su rechazo al proyecto impulsado por el Ejecutivo Nacional que busca modificar el marco normativo vigente.

 

Que reclaman por el contrario la plena aplicación de la norma vigente.

 

Que efectivamente exigien la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad N°27.793.

 

Que  advierten  sobre las consecuencias institucionales y sociales que implicaría la iniciativa oficialista.

 

Que el  reclamo surge tras conocerse la intención del Gobierno Nacional de reformar la normativa actual.

 

Que  esto ha generado una fuerte preocupación entre asociaciones de padres y de profesionales que atienden a dicha población.

 

Que también lo propio ocurre con entidades gubernamentales como  el Consejo Provincial de Discapacidad de Corrientes (COPRODIS).

 

Que la iniciativa enviada al Senado de la Nación propone cambios sustanciales que afectarían la sostenibilidad del sistema de prestaciones y los derechos adquiridos por los beneficiarios.

 

Que  entre los puntos más controvertidos se encuentra la derogación de artículos clave de la Ley 27.793, lo que permitiría desregular la negociación por el sistema de salud y suprimir la actualización automática de los aranceles.

 

Que  el texto oficial establece un reempadronamiento obligatorio para los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica y situación socioeconómica bajo riesgo de sufrir la suspensión inmediata del beneficio.

 

Que en términos económicos, el nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en un 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando facultades del Ejecutivo para otorgar incrementos por invalidez laboral o por residencia en zonas geográficas desfavorables.

 

Que por otro lado, la reforma endurece las condiciones de acceso al empleo al eliminar la posibilidad de que una persona con discapacidad mantenga su beneficio prestacional si logra acceder a un trabajo registrado.

 

Que  a  esta medida se suma la quita de incentivos y programas de reconocimiento para aquellas empresas que fomentan la inclusión laboral dentro de sus estructuras.

 

Que Familiares y entidades civiles interpretan que este proyecto del Ejecutivo Nacional  busca ganar tiempo mientras se incumplen normativas vigentes y sentencias judiciales previas. 

 

 

 

Que del encuentro de responsables de las áreas provinciales de Discapacidad que se realizó en Corrientes surgió una agenda regional que se espera sumar al Consejo Federal de Discapacidad. 

 

Que esta se mantiene firme en tres ejes prioritarios: la implementación inmediata de la Ley de Emergencia Nacional, la regularización de las deudas con las instituciones prestadoras y el manejo transparente de los fondos específicos para el sector a través del FONADIS.

 

Que en paralelo, los prestadores privados han expresado su alarma ante la posible vulneración de la Ley 24.901.

 

Que está en peligro  la supresión del nomenclador nacional que dejaría en manos del Estado la fijación arbitraria de valores sin contemplar indicadores objetivos como el índice de inflación.

 

Que esta situación obligaría a las familias de los pacientes a cubrir las diferencias económicas de los tratamientos, lo que profundizaría la exclusión de los sectores más vulnerables.

 

Que esta problemática produce impacto desfavorable en centenares de Discapacitados y sus familias de nuestra Ciudad con las que nos solidarizamos.

 

Que por ello,

 

EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE DECLARACIÓN 

 

ARTÍCULO 1 : DECLARAR DE INTERES del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE la inmediata aplicación de la Ley 27.793  DE EMERGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.

 

ARTÍCULO 2 : DE FORMA